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Causa narcomunicipio: rechazaron los planteos de nulidad y el pedido de sobreseimiento de Varisco

El expediente de relevancia institucional para el municipio de Paranà y la política local, tiene como coimputados de causa a Daniel Tavi Celis; a su ex pareja Luciana Lemos; a Eduardo Humberto Celis; a Nahuel Jonatan Eduardo Celis; a Wilber Figueroa Lagos; a Jonathan Jesús Heintz; a Juan Manuel Gómez; a Sergio Fausto Varisco; a Griselda Noemí Bordeira; a Héctor Pablo Hernández; y Alan Nicolás Viola.

La investigación fue realizada por la Policía Federal, entre septiembre de 2017 y mayo de 2018. En ese lapso de tiempo, según la Justicia Federal, se pudo comprobar que Tavi Celis cumplía el rol de “organizador, proveedor y financiador” del grupo. Asimismo, se constató la función de Lemos como “colaboradora y asistente”. El mismo rol que a Lemos le cupo a Nahuel Celis. En tanto, se identificó a Eduardo Celis como “almacenador y colaborador”.

Otro de los imputados, el peruano Wilber Figueroa Lagos, alias Tío o Pariente, fue sindicado como “proveedor”. A Juan Manuel Gómez se lo señaló como “adquiriente revendedor”; a Sergio Fausto Varisco se le achacó el rol de “financiador, adquiriente”; a Ernesto Ramón González se lo identificó como “adquiriente colaborador”; al concejal Héctor Pablo Hernández se lo señaló como “adquiriente colaborador”; a la funcionaria municipal y agente de la Policía Griselda Bordeira como “adquiriente colaborador”; y a Alan Nicolás Viola se lo señaló como “colaborador”.

La pesquisa de los policías entendió que ese grupo de personas comercializó “de manera conjunta y organizada entre sí -y con personas cuya identidad y rol aún no se ha podido establecer-, cocaína en diversas cantidades, asumiendo y ejerciendo diversas funciones de organización, financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra del referente tóxico a distintas personas de las ciudades de Paraná y Concordia -Entre Ríos- y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Cuando se habilitaron los allanamientos el año pasado, se secuestraron “3 kilos 493 gramos de cocaína”. La droga estaba en tres envoltorios rectangulares, tipo ladrillo, envueltos con nylon negro y cinta de embalar transparente y semi compactada, adentro de una bolsa de nylon transparente, que a su vez estaba adentro de una mochila negra, sobre una mesa redonda, en el quincho de la casa de Tavi Celis”.

También se incautaron distintos elementos relacionados al comercio de estupefacientes; 122.610 pesos; teléfonos celulares; cuadernos con anotaciones manuscritas; 30 chips de telefonía celular; una máquina contadora de billetes; armas de fuego; y municiones, entre otros.

Para los investigadores, la cocaína era suministrada desde Buenos Aires por expreso pedido de Tavi Celis desde la Unidad Penal Nº 8, donde estaba alojado. El estupefaciente se “adquiría y financiaba con fondos provenientes del acuerdo celebrado los primeros días de septiembre de 2017 con el intendente de Paraná, secundado por el concejal Hernández y la sargento 1º de la Policía, Bordeira y; complementariamente, con fondos provenientes del propio comercio de estupefacientes”.

El 18 de junio del año pasado, el juez federal Leandro Ríos, dictó los procesamientos en la causa. Unos días después declaró el propio Celis y desvinculó a Varisco y el resto de los imputados que son funcionarios municipales. Pero después, Luciana Lemos también pidió explayarse en el expediente. Entre otras cosas, la mujer contó que Celis “había puesto mucha plata en la campaña de Varsico” que fue “devuelta con contratos” por parte del intendente. De hecho, en una especia de acuerdo Celis debía ser quien “maneje la Unidad municipal 2”. Habló también de acuerdos anteriores que Varisco no cumplió; y se explayó sobre la campaña 2015.

Los primeros días de febrero de 2019, el fiscal Federal Carlos García Escalada elevó a juicio la causa, pero no consideró la imputación de Varisco por financiamiento sino sólo por peculado.

Los defensores apelaron esa elevación a juicio, pidieron que se dicte la nulidad del proceso y reclamaron el sobreseimiento de Varisco, Bordeira, Hernández y Viola. Este miércoles el juez federal de Primera Instancia rechazó esos planteos defensivos y decidió confirmar que la investigación está concluida y debe ser elevada a juicio la causa.

Extracto de la resolución

“Se considera que la prueba determinada en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, concuer da con las constancias de cargo acumuladas al sumario y guarda debida relación con la imputación efectuada. Sin embargo ,en lo que a la calificación legal de los hechos refiere, la seleccionada por el Ministerio Público Fiscal, como organización y financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes, en calidad de autor para Daniel Andrés Celis; comercialización de estupefacientes, agravado por haber sido cometido con la intervención organizada de tres o más personas, en calidad de coautora y supresión del número o grabado de un arma de fuego, en concurso ideal con la tenencia de armas de uso civil sin la debida autorización, en calidad de autora para Luciana Ernestina Lemos; comercialización de estupefacientes, agravado por haber sido cometido con la intervención organizada de tres o más personas y a título de coautores para Eduardo Humberto Celis, Nahuel Jonatan Eduardo Celis, Wilber Figueroa Lagos, Jonathan Jesús Heintz y Juan Manuel Gómez; financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes, en calidad de coautores para Sergio Fausto Varisco, Héctor Pablo Hernández y Griselda Noemí Bordeira y financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes, en calidad de partícipe necesario para Alan Nicolás Viola, no se adecúa a las conductas por la que fueran procesados y posteriormente confirmadas por la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad”, se indicó.

Sin embargo “dado que la plataforma fáctica imputada se mantiene inalterada, ello no se constituye en un obstáculo para la remisión de la causa a juicio”. En tal sentido y frente a los cuestionamientos formulados por las defensas, “fundamentalmente en relación a la adquisición del material estupefaciente por parte de Varisco, Hernández, Bordeira y González, cabe resaltar que los imputados fueron procesados por la totalidad del hecho”. Sin embargo “al momento de calificar los hechos se sostuvo que entre las conductas de financiamiento, comercialización y adquisición del material estupefaciente, existía un supuesto de consunción, por la cual el delito anterior (adquisición o tenencia) es consumido por uno posterior (comercialización). Es decir, se trata de delitos progresivos, en los que el proceder de los agentes va recorriendo distintas infracciones jurídicas de creciente gravedad y en el mismo contexto témporo­espacial”.

Ha sostenido la Cámara Nacional de Casación Penal: “La acción típica de comerciar no es otra que la intervención de quien ejerza actos de comercio, con fines de lucro, en la intermediación, compra o venta de estupefacientes, bastando la comprobación legal de la existencia del hecho para responsabilizar al autor. Cabe agregar entonces que el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización queda desplazado por el de comercialización de estupefacientes cuando el autor realiza la acción típica de comerciar dicho material, en el sentido anteriormente señalado”. “El tipo de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización ­acción preparatoria punible­ como el de suministro a título oneroso…quedan desplazados por el de ‘comercio de estupefacientes’, figura penal esta última que los abarca a ambos en virtud del principio de subsidiariedad, una de las especies de concurso impropio, verificándose éste último ‘cuando el criterio íntegro de ilicitud objetivo y subjetivo­ de uno de los tipos implicados ya se encuentra contenido en el otro (…) causará una sola lesión a la ley penal; esa circunstancia ocurrirá cuando se dé entre las figuras que se trate una relación de especialidad, de consunción o de subsidiariedad’ “.

La única salvedad que se formuló fue respecto de la particular situación procesal en que se encontraba González, quien había sido procesado por un aspecto parcial del hecho (financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes, dado que era uno de los encargados ­junto con Alan Nicolás Viola­ de llevar materialmente todos los meses antes del día 15 de cada mes­ $50.000 en efectivo al domicilio de Luciana Ernestina Lemos) pero no por la adquisición del material estupefaciente ­cocaína– para ser distribuida en las ciudades de Paraná y Concordia (falta de mérito) con lo cual no podrían concursarse válidamente dichas conductas”.

“De la misma manera y en relación al delito de peculado, aun cuando no se comparta la calificación efectuada por el Ministerio Público Fiscal, dado que ha transcripto “el hecho” y que la calificación legal es esencialmente provisoria, interpretativa, variable y siendo una circunstancias que deberá ser resuelta por el Tribunal de juicio en función del Principio de “iura novit curiae”, debe mantenerse la seleccionada por el Fiscal Federal como titular de la acción penal”.

De ANÁLISIS DIGITAL

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